El amianto en su laberinto normativo (I)

Una visión crítica  de la normativa sobre amianto en la UE y en España.

La variada normativa sobre el manejo del amianto es, como en el caso de otras entradas, un verdadero laberinto.

Hay causas técnicas evidentes. Son todas aquellas variaciones que propician las propias normas básicas invocando las adaptaciones a contextos científicos cambiantes. Y causas sociales, que son aquellas que reflejan el paso del tiempo y el cambio de contextos que van construyendo las luchas sociales.

En el caso del amianto, ambas motivaciones para los cambios están presentes. Tomemos como ejemplo la Directiva 76/769, (”Directiva del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos”) que es la primera Directiva que limita el comercio sustancias peligrosas y en la que aún no aparece el amianto como tal. Éste aparece en esta serie de limitaciones solo siete años después, el la Directiva 83/478/CEE, que es la cuarta modificación de la directiva que comentamos. Pues bien, desde 1976 a 2009 ha sufrido 34 modificaciones y 13 adaptaciones al progreso técnico, y ello ha implicado en los Estados miembros la obligación de otras tantas “disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva”.

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Amianto: un caso prístino de tolerancia cero

Paco Puche, marzo de 2017

“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. (…)Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados.”

(ONU. Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Art. 1. 16 de noviembre de 1995)

Tolerancia es un término, como tantos otros, polisémico. En un sentido negativo significa soportar, llevar con paciencia, conceder. En sentido químico se produce cuando una persona consume una droga de una forma continuada y su organismo se habitúa a ella. Como consecuencia, se desarrolla un proceso sicológico y físico que hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados o efectos. En un sentido positivo es el que contiene la apertura de este texto: no es concesión, “es reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales en los demás y la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos”.

Tolerancia cero sería, respectivamente, cuando se acaba con la paciencia de otro y éste dice “¡basta!, hasta aquí hemos llegado”; en el segundo sentido son los casos cada vez más frecuentes relacionados con el Síndrome de la Intolerancia Química Múltiple y sus consecuencias para la salud; y en sentido positivo es, de nuevo, el contenido en la Declaración que abre el texto: “aquella que en ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales”. Sería lo mismo decir intolerancia. Por un artificio del lenguaje lo que es una virtud (tolerancia) bien puede mantenerse como tal al cambiar de signo en otro contexto (tolerancia cero o intolerancia).

TOLERANCIA CERO A

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a Uralita a indemnizar con 700.000€ a la familia de un fallecido por amianto.

La Sección nº5 de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acaba de dictar sentencia estimando el recurso de suplicación interpuesto por la viuda e hijos de D. Juan J. V. B contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid en 2015 revocando la misma y condenando a la demandada Uralita SA a abonar en concepto de daños y perjuicios, 300.000€ a la viuda y 200.000€ a cada uno de sus dos hijos.

Juan J. V. B. prestó sus servicios profesionales para la mercantil ROCALLA SA desde 1973 hasta 1982 como especialista de primera en moldeados, donde estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera continua, ya que su cometido principal, era hacer los moldes que se fabricaban en la factoría de Córdoba para los distintos productos que para la construcción allí se realizaban como tuberías, techos, canalones, macetas, planchas, etc. Para la fabricación de dichos moldes industriales, D. Juan J. V. B., utilizó como elemento principal el amianto que por venir en polvo se mezclaba con agua y otros productos para fabricar los moldes.

La continua y constante exposición al amianto, provocó que D. Juan J. V. B. sufriera un mesotelioma pleural diagnosticado en 2.011 falleciendo tras un deterioro progresivo el 6 de agosto de 2.012.

En Mayo de 2.013, la viuda e hijos de la víctima, presentaron demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid. Dicha demanda fue inicialmente desestimada por entender que Uralita y Rocalla no eran la misma empresa. Ello motivó que se interpusiera el recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ahora se ha estimado.

Supone esta sentencia, en la que se condena a la empresa Uralita a pagar 700.000€, una nueva victoria de la firma Oria, Pajares & Asociados en un caso no exento de dificultad tanto por la mercantil condenada al haber habido una compleja sucesión empresarial, como por las circunstancias concretas del caso. Victoria en la que además se reconoce una de las indemnizaciones hasta ahora más altas dictadas a favor de los afectados por el amianto que no sólo tienen que luchar contra los efectos de las enfermedades que dicho cancerígeno material provoca, sino contra las dificultades que supone su prueba en los Tribunales.

Colegio Sagrada Familia El Monte, “el colegio de tus sueños…”, con la pesadilla de la uralita en sus entrañas

SE repite la historia por enésima vez, pero en este caso en su versión de entidad privada. Se trata de la dirección de un colegio de Málaga capital, con 700 alumnos-as, que se resiste a quitar las uralitas del campo de deportes, contra la petición de más de 80 padres y madres, aduciendo que no son peligrosas si no se manipulan. Aunque lleven ya más de 40 años instaladas, estén al aire libre a merced de los fuertes vientos que de vez en cuando nos azotan y de que presentan visibles desperfectos.

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El amianto, un problema nuestro de cada día

Paco Puche. Diciembre de 2016

En España se prohibió la importación y uso del amianto a partir del año 2002. Para el resto de la Unión Europea, a más tardar, se hizo en el 2005, aunque se empezó con esta medida desde 1983 en Islandia, con más de 20 años de diferencia. Muerto el perro se acabó la rabia. No tenemos problema… si el amianto que aún queda instalado no se manipula o se deteriora, al decir de los responsables de la salud pública.

Si la afirmación que da píe a este epígrafe es cierta, la sentencia de Mafalda es equivalente a la de un crimen perfecto, perpetrado sin ensuciarte las manos ni la conciencia.

Es evidente que es un problema al día de hoy. Bastará repasar la sucesión de enfermedades, muertes y días de vida perdidos de millares de personas en todo el mundo, que son registradas por las estadísticas oficiales de defunción (siempre muy discretas e insuficientes) y por las asociaciones de víctimas que proliferan en todos los lugares, rija es ellos o no la prohibición de su uso.

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